miércoles, 6 de junio de 2007

Antecedentes Jurídicos Sobre la Antártica Chilena

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Para analizar adecuadamente los derechos y fundamentos que avalan la posición antártica chilena, se hace necesario recordar que éstos se basan en los derechos patrimoniales coloniales que Chile recibió de España y que fue perfeccionando durante su etapa como república independiente. Durante el primer siglo de vida independiente, al igual que sucedió entre otras naciones hispanoamericanas, Chile delimitó sus posesiones australes que lo condujo a un sinnúmero de fricciones con la República Argentina, quien sostenía poseer derechos equivalentes. No obstante ello, Chile mantuvo activamente sus intereses en la región austral y antártica perfeccionándolos hacia mediados del siglo XX. Por ello, el presente capítulo se dividirá en tres partes: en la primera, se analizará la conformación del patrimonio territorial que recibimos de España y que incluía vastos espacios antárticos; en la segunda parte, se verá la política antártica chilena y la intermitente relación con Argentina hasta fines de la Primera Guerra Mundial; mientras en la tercera parte, se verá la política y el quehacer antártico chileno hasta 1946.

1.1 Fundamentos Coloniales de los Derechos Antárticos y Australes Chilenos

Para analizar los antecedentes históricos y jurídicos del Territorio Austral Antártico Chileno debemos remontarnos a fines del siglo XV, específicamente a los acontecimientos derivados del descubrimiento del continente americano en el año 1492, hecho que amenazó la paz que habían mantenido Portugal y Castilla desde la firma del Tratado de Alcaçovas-Toledo. Las relaciones entre ambas potencias se deterioraron aún más y finalmente, la única autoridad internacional que ambas reconocían, el Papa Alejandro VI, demarcó la jurisdicción territorial de cada corona mediante la Bula Intercaetera del año 1493.

Esta y otras Bulas, sin embargo, no dejaron contenta a las partes, y se iniciaron negociaciones bilaterales cuyo resultado fue la firma del Tratado de Tordesillas del año 1494, que dividía al mundo en dos “a 370 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde” trazando “una línea de Polo a Polo”[1]. En aquella época, ninguna nación se opuso o discutió los términos, los que fueron ratificados por el Sumo Pontífice.

Como estas posesiones, que incluían espacios terrestres y marítimos australes, debían incorporarse más efectivamente al Imperio, el emperador Carlos V otorgó “capitulaciones” que eran verdaderos contratos destinados a que los particulares se integraran a la tarea de develar geográficamente y poblar las nuevas posesiones.

Por ello, en 1534 la Corona de Castilla decidió dividir en Gobernaciones lo que hoy se conoce como América del Sur y que se entendía llegaba hasta el Polo Sur, entregándolas a quienes por sus bienes o méritos se hiciesen poseedores de ella. Por esta división inicial:

· Nueva Castilla quedó en manos de don Francisco Pizarro, extendiéndose desde el río Santiago (dos grados sobre la equinoccial) hasta el grado 14 de latitud sur.
· Nueva Toledo, bajo la responsabilidad de don Diego de Almagro, se extendía 200 leguas hacia el sur de la gobernación anterior, llegando al grado 25 Sur.
· Río de la Plata quedó a cargo de don Pedro de Mendoza, extendiéndose hasta el grado 36 de latitud sur.
· Nueva León: concedida a don Simón de Alcazaba, alcanzaba aproximadamente hasta los 48º 22´ latitud sur.

Estas gobernaciones constituyeron el primer intento de conocer y poblar los territorios, labores que no pudieron cumplirse a cabalidad dada la dificultad que encerraban dichas empresas. El segundo intento fue mucho más fructífero y permanente. Esta segunda etapa, en lo que se refiere a los territorios de la gobernación y posterior reino de Chile, la presencia europea fue encabezada por don Pedro de Valdivia y Pero Sancho de la Hoz, quienes mediante autorización real vinieron como socios a América. Pero, debido a diferencias entre ellos, Valdivia quedó a cargo de la empresa, tomó posesión de los territorios, y fue nombrado Gobernador por el cabildo de Santiago en 1545. Posteriormente, obtuvo que el representante del rey, el Licenciado La Gasca, le asignase oficialmente la Gobernación de Nueva Extremadura en el año 1548, la cual “se extendía desde Copiapó … a la parte sur en 41 de la dicha parte, procediendo Norte-Sur por meridiano, é de ancho entrando de la Mar a la tierra hueste l’ este 100 leguas”[2]. Decisión que fue ratificada por el monarca en el año 1552 [3].

Valdivia le hizo ver que al rey los territorios al sur del paralelo 41 eran de una importancia incuestionable, y que no era conveniente crear una nueva Gobernación en ese lugar. Valdivia decidió, además, enviar a su colaborador don Jerónimo de Alderete a España, para que solicitase al Rey que le ampliase su gobernación extendiéndola hasta el Estrecho de Magallanes. En el año 1553, Carlos V expidió dos cédulas reales: por medio de la primera, amplió la gobernación de Valdivia, y en la segunda, nombró a Jerónimo de Alderete como gobernador de las tierras al otro lado del Estrecho, hasta una distancia de 300 leguas. Desafortunadamente, ninguno pudo hacer ocupación de los territorios asignados, ya que Pedro de Valdivia falleció en la batalla de Tucapel (1553) y Jerónimo de Alderete murió en su viaje de regreso a América.

Posteriormente, la Gobernación de Chile pasó a manos del hijo del virrey del Perú, Don García Hurtado de Mendoza, quien se empeñó en mantener viva la soberanía en las regiones transandinas y australes hasta el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. Para tomar posesión de estas zonas, Hurtado de Mendoza envió a su capitán y colaborador don Juan Ladrillero a tomar posesión del territorio austral en nombre de la Gobernación de Chile y con actos jurisdiccionales en la Bahía de los Remedios, Tierra del Fuego y en la boca oriental del Estrecho de Magallanes. A don García Hurtado de Mendoza le sucedió don Francisco Villagra que deseaba poblar Cuyo y enviar expediciones a descubrir y conquistar las regiones australes. Este nombramiento conduciría, sin embargo, a la segregación de las regiones de Tucumán, Diaguitas y Juríes, decisión que disminuirá considerablemente el territorio trasandino nacional, pero no alterará los espacios australes y antárticos bajo a la tutela chilena.

La presencia del corsario don Francis Drake en el Estrecho de Magallanes en los años 1576 –1577 preocupó a la Corona española pues se pensaba que éste podría haber dejado asentamientos ingleses en ese importante paso interoceánico. Por ello el rey envió a don Pedro Sarmiento de Gamboa con la misión de poblar el Estrecho, pero los asentamientos que se crearon -Nombre de Jesús y Rey Don Felipe- sucumbieron ante las inclemencias climáticas del lugar. Este fallido intento de poblar el Estrecho desde España no alteró la extensión de los territorios que la Corona estimaba como chilenos sino que, al contrario, ratificó la idea que sólo desde Chile se podía defender el extremo austral del Imperio.

Por otro lado, España a fines del siglo XV entró en un período de decadencia debido a la destrucción de su Invencible Armada en 1588. Ello trajo como consecuencia la dificultad de comunicación entre las posesiones imperiales provocando una disminución en el espíritu colonizador y enfatizando sólo la defensa y protección del Imperio. La Gobernación de Chile, entretanto, sufría con las sublevaciones en la zona de la Araucanía que dificultaban las comunicaciones terrestres internas y aumentaban la carencia de recursos económicos. A pesar de ello se realizaron acciones que conllevaban soberanía en el territorio sur como fueron: el parlamento indígena en Negrete, los viajes misioneros del Padre Menéndez y las expediciones científicas del Almirante Malespina y del Piloto Moraleda.

A partir de 1805, España perdió de manera sustancial el control de sus rutas oceánicas lo que limitó aún más la comunicación con sus colonias. Esto se tradujo paulatinamente en una mayor autonomía de las colonias con respecto a la Corona, llegando a su emancipación en el caso de Chile en el año 1810. Con el objeto de definir los territorios terrestres, marítimos y aéreos que pasaron a formar parte de la República de Chile, se utilizó el principio jurídico denominado “Uti Possidetis Iure” que expresa que las nuevas repúblicas hispanoamericanas ejercerían soberanía sobre todos los territorios que habían pertenecido a la respectiva unidad colonial española (principio reconocido a escala latinoamericana en el año 1855).

En orden a consolidar definitivamente sus derechos australes, en 1843, Chile tomó posesión del Estrecho de Magallanes y de sus zonas circundantes. Por medio de una orden, el presidente Don Manuel Bulnes envió a don Juan Williams a la zona austral con el objetivo de consolidar la soberanía que se poseía en aquellos territorios heredados por la corona española. Con ese viaje, realizado en la goleta “Ancud,” empezó el poblamiento definitivo de la zona austral chilena.
1.2 La Región Austral Antártica hasta Fines de la Primera Guerra Mundial y la Intermitente Relación con Argentina

Como es natural, las primeras décadas como nación independiente, Chile –al igual que las otras repúblicas latinoamericanas- se dedicó a delimitar con mayor precisión sus fronteras. Hasta 1855, año en que se firmó la convención internacional en que Chile y Argentina se reconocieron mutuamente los límites coloniales, nuestro país no sufrió ningún menoscabo en sus fronteras australes. La situación empezó a cambiar desde inicios de la década de 1870s cuando Argentina empezó a priorizar su avance hacia el sur, y Chile a solucionar sus problemas en su frontera norte.

Las negociaciones limítrofes con Argentina no fueron fáciles, tal como lo demuestra la convención de mayo de 1877. Sin embargo, en el mes de julio de 1881 se firmó un Tratado de Límites cuyo texto -ambiguo y contradictorio- llevaría a situaciones de enorme tensión. El texto especificaba que la línea divisoria correría ”sobre los puntos más encumbrados” de la Cordillera de los Andes “pasando por entre los manantiales de las vertientes que se desprenden a un lado y otro”.[4] Como consecuencia de lo anterior se produjo la entrega de la Patagonia oriental y posteriormente, una serie de incidentes que significaron la pérdida de valles fértiles cordilleranos chilenos. Con el Tratado de 1881, el gobierno chileno creyó obtener el control de la zona del Estrecho de Magallanes y la mitad de Tierra del Fuego y las tierras australes y antárticas situadas al sur de ésta.

Hacia 1892, Chile se empezó a preocupar de la riqueza que encerraban nuestros mares australes y dictó una ordenanza autorizando la pesca y caza en los mares antárticos. Esta actividad la continuó al iniciarse el siglo XX, y así en 1902 dictó el Decreto N° 3310 autorizando las actividades de pesca y caza de lobos marinos, focas y nutrias en la zona antártica, otorgándosele la primera licencia a don Pedro Benavides. Estos documentos de índole jurídico - administrativo son importantes pues reconocían la jurisdicción de Punta Arenas, y por ende de Chile, sobre estas actividades.

A partir de 1905, se produjo una activación de las actividades antárticas tanto a nivel nacional como asimismo de las realizadas por Argentina y Gran Bretaña. El gobierno de Chile, especialmente el del presidente don Germán Riesco y su Ministro de Industrias don Joaquín Prieto, estaba muy interesado en consolidar sus derechos a la región austral antártica. Por ello autorizó, mediante el Decreto Supremo Nº 2095 de fecha 4 de julio de 1906, a la Sociedad Ballenera de Magallanes a instalarse en Isla Decepción. Dicha empresa estaba a cargo del capitán Adolfo Andresen, noruego nacionalizado chileno y avecindado en Punta Arenas, competente marino curtido en la caza de focas y ballenas que mantuvo una gran actividad en la zona.

Asimismo en 1906, el canciller chileno Federico Puga Borne envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que tenía por objetivo organizar una expedición a la zona antártica, para el reconocimiento de esas regiones y la investigación científica, cuyo costo aproximadamente sería de $150.000. Lamentablemente, ese mismo año la ciudad de Valparaíso fue destruida por un fuerte terremoto, lo que impidió que los recursos pudieran ser destinados a otra actividad que no fuera la de reconstrucción de la ciudad-puerto.

Con el objeto de delimitar en forma conjunta el territorio antártico, Chile y Argentina mantuvieron conversaciones durante los años 1906-1907, las que como dice don Mauricio Jara “inexplicable o explicable” se suspendieron hasta la “inesperada o esperada” primera Carta Patente Británica de fecha el 21 de julio de 1908.[5] Esta declaración unilateral británica señalaba que estarían bajo su jurisdicción

“El grupo de islas conocidas con los nombres de Georgias del Sur; Orcadas del Sur, Shetland del Sur, Islas Sandwich y el territorio conocido como Tierra de Graham, situados en el Océano Atlántico Sur, al sur del paralelo 50º de latitud sur, entre los 20 y 80 de longitud Oeste,son parte de Nuestros Dominios, y es de conveniencia tomar medidas para que sus gobiernos pasen a ser Dependencias de nuestra Colonia de las Islas Falklnad”.[6]

Cabe remarcar que en la primera Carta Patente, los británicos incorporaban a su soberanía vastas extensiones territoriales que los chilenos entendían como propias. Más adelante, el gobierno británico emitió en 1917 una segunda Carta Patente destinada a corregir los errores de la primera, pero este documento pasó casi inadvertido en Chile dado los avatares de la I Guerra Mundial.

Mientras el gobierno británico trataba de consolidar sus pretensiones al territorio antártico, el ya mencionado don Adolfo Andresen de la Ballenera de Magallanes recibió en 1908 al expedicionario francés Jean Charcot quien comprobó “in situ” que la Sociedad Ballenera de Magallanes poseía en Isla Decepción excelentes instalaciones y buques en buen estado, y elogiando tanto el comportamiento de sus tripulaciones como su capacidad industrial.[7] Estos documentos sirven de testimonio de la permanente actividad chilena en la zona antártica, que decayó temporalmente por el conflicto europeo.


En el año 1916, se produjo otra actividad chilena que adquirió resonancia internacional y muestra la experiencia nacional en aguas antárticas. Una expedición británica al mando de Sir Ernest Shackleton quedó atrapada el pack-ice. El Endurence, luego de diversos intentos, no había podido ser liberado de los hielos, pero bastó un llamado de auxilio, como dice Armando Braun Menéndez, para que el almirante Muñoz Hurtado otorgara la necesaria autorización para ayudarlos. Este rescate antártico lo realizó en la escampavía chilena Yelcho, al mando del piloto 2° Luis Pardo Villalón, quien condujo exitosamente a Shackleton a Punta Arenas. Este hecho tuvo real repercusión en su tiempo, aunque posteriormente haya tratado se ser minimizado por los especialistas británicos.

1.3. Política y Comportamiento Antártico Chileno entre 1939 y 1946.

En el período de entreguerras hasta 1939 no existió mayor preocupación en Chile por el tema antártico; sin embargo la iniciativa del gobierno de Noruega de fijar sus límites antárticos y de notificarlos internacionalmente desató una verdadera carrera entre los países europeos, anglosajones e incluso asiáticos por reservar sus posibles derechos a alguna parte del continente antártico. Fue por ello que el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda encomendó al abogado Julio Escudero Guzmán a estudiar los antecedentes que avalaran los derechos jurídicos e históricos chilenos en la Antártica. De esa forma en noviembre de 1940 se dictó e hizo público el Decreto Supremo Nº 1747, que señala lo siguiente:
“Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice), y demás conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich”.[8]

De esta manera, Chile demostró ante la comunidad internacional su interés en resguardar sus derechos antárticos, confirmando que éstos se basan en antecedentes históricos, jurídicos, y de continuidad y contigüidad territorial. Asimismo, cabe resaltar que en la propia declaración chilena se enfatiza la continuidad entre el territorio chileno continental americano y el antártico al mencionar los espacios marítimos que unen ambas partes del territorio de Chile. Como Argentina también mantenía su interés en la Antártica, ambos países a principios del año 1941 reanudan sus interrumpidas conversaciones tendientes fijar de común acuerdo su límite en la región antártica.

Antes de entrar a participar plenamente en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos realizó una gran expedición (1939-1941) comandada por don Richard E. Byrd sin que Chile pudiese saber con claridad cuales eran los verdaderos intereses que subyacían en su actuar. La nación del norte no formuló reclamaciones oficiales a alguna o algunas partes del continente antártico, pero tampoco reconoció reclamaciones de terceros, reservándose -al mismo tiempo- el derecho a presentarlas cuando le fuese conveniente.

Durante los años 1940s., Estados Unidos otorgó a algunos ciudadanos norteamericanos licencias para explorar territorio antártico, pero éstas no significaron algún tipo de respaldo por parte del gobierno, recalcándose que eran de índole privada. La expedición de Richard Byrd, (1939-1941) tuvo el carácter aparentemente privado; sin embargo, por instrucción del presidente estadounidense –que era gran amigo de Byrd- tenía por objetivo sentar precedentes y recabar información sobre el territorio antártico.

Siguiendo con la política chilena de sustentar, afianzar y ratificar mediante distintos mecanismos la soberanía en el territorio antártico, se creó en el año 1942, mediante el Decreto Supremo Nº 548 la Comisión Antártica Chilena, cuya misión era ver los medios para explorar y ocupar este territorio. También en 1942, Argentina inició formalmente sus campañas antárticas que pretendían sentar precedentes y recoger información del lugar. Resulta significativo que, a pesar que las negociaciones bilaterales sobre el límite común en la antártica no habían llegado a ningún resultado efectivo, se mantenía aún un buen espíritu entre ambos países. Así, por ejemplo, en la expedición Argentina antártica de 1943, a bordo del buque “Veinticinco de Mayo”, viajaron tres chilenos: capitán de navío (R) Enrique Cordovez Madariaga, el capitán de fragata Claudio Vio Valdivieso, y el teniente Ezequiel Rodríguez.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos continuó organizando expediciones, una privada y otra con auspicio gubernamental, a la región antártica. La primera estuvo a cargo del Comandante Finn Ronne con una dotación de 20 hombres; y la segunda, a cargo del contralmirante Richard Cruzen y Richard E. Byrd, con una enorme fuerza compuesta por trece navíos y cerca de 4.000 hombres. Esta expedición gubernamental recibió el nombre de Operación High Jump. El gobierno de Chile solicitó a EE.UU. la incorporación de personal chileno en la expedición de Ronne; sin embargo, ésta solicitud fue denegada por diversas razones. Más adelante, se autorizó la presencia de chilenos, previo pago de sus gastos. Cabe mencionar que Chile tuvo un conocimiento muy superficial de lo realizado por ambas expediciones y prácticamente ningún conocimiento sobre los acuerdos que se produjeron entre británicos y estadounidenses que operaban en la Península O’Higgins.

Ese mismo año 1946, en la ciudad de Washington DC. se llevó a cabo la Conferencia Ballenera Internacional, que continuó la labor de la conferencia de 1937, siendo su centro de interés la protección de las ballenas en un cuadrante del Océano Pacífico Sur. Chile participó por primera vez en una conferencia de este tipo, pues se trataba de espacios marítimos que le eran propios y tenía que velar por su propia industria ballenera.

El año de 1946 representa, además, un año de excelentes relaciones con la nación trasandina. Se firmó un Tratado de comercio y todo hacía suponer que se podría lograr la firma de un Tratado de buena vecindad y delimitación en la Antártica. A fines de ese mismo año comenzaron, además, los preparativos de la Primera Expedición Chilena a la Antártica.

La expedición partió de Valparaíso y estaba compuesta por la fragata “Iquique” y el transporte “Angamos”, en conjunto con 200 personas a bordo, llegando al Territorio Antártico a inicios del año 1947. Con el objeto de consolidar definitivamente los derechos antárticos, se construyó la primera base antártica chilena, bautizada en primera instancia con el nombre “Soberanía”, pero luego es rebautizada con el nombre de “Arturo Prat”.









Citas:




[1] Bula Intercaetera de 4 mayo 1493. En Vial Solar. Los Tratados de Chile tomo I: 6 p.
[2] Poderes del licenciado Gasca, febrero 1546. En Morla Vicuña, doc.21, pág.56.
[3] C. F. con Embajada de Chile. Misión Bianchi. N° 19. Vol. I. 1946. 2451. 5 de diciembre de 1946.
[4] Consuelo León W. Del Laudo Arbitral a la Mediación: Estudio Histórico. Valparaíso. 1981. 29 p.
[5] Mauricio Jara F., “Una Disputa Doblemente Pospuesta: Chile y el Territorio Antártico 1906-1948”, Notas Históricas y Geográficas, Nº 9-10 (1998-1999): 132.
[6] Oscar Pinochet de la Barra. La Antártica Chilena. Santiago: Ed. Andrés Bello, 1976: 154.
[7] Armando Braun Menéndez, Pequeña Historia Antártica. Buenos Aires: Ed. Francisco de Aguirre, 1974: 124-125.
[8] Oscar Pinochet de la Barra, La Antártica Chilena. Santiago: Ed. Andrés Bello: 1976: 98.



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Fragmento de la tesis



LA ANTÁRTICA CHILENA Y LA MISIÓN BIANCHI:
LONDRES 1947- 1952.
UPLA



1 comentario:

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Datos personales

Profesor de Historia y Geografía, Licenciado en Educación, Magíster en Historia Política y Relaciones Internacionales.